Primer gran pacto por la vivienda en España

La Generalitat de Catalunya, los entes locales, la mayoría de grupos parlamentarios, los promotores y constructores y los agentes sociales, organizaciones ciudadanas y las cajas de ahorro han firmado el pacto por la vivienda en Catalunya, con un horizonte de 10 años. Es el primer acuerdo global entre todos los sectores que tienen relación con la vivienda firmado en España hasta ahora y supone un cambio importante en la forma de afrontar el problema del acceso a una vivienda.

El pacto para el 2007-2016 compromete a la Administración a aportar 8.221 millones de euros en diez años para realizar 800.000 actuaciones, que equivalen a ayudas para la vivienda a uno de cada cuatro hogares. Prevé la construcción de 160.000 viviendas de protección oficial y movilizar suelo para levantar 90.000 más, y ayudar para rehabilitar 300.000 pisos.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, afirmó que es un pacto "de la sociedad catalana y para Catalunya" tras la firma de las 34 entidades e instituciones que han asumido el texto del acuerdo y añadió que con es "un paso adelante muy significativo para abordar conjuntamente la primera preocupación de la ciudadanía".
Entre los agentes firmantes, está la Asociación de Promotores. Ayer, su presidente, Enric Reyna, prometió que "si los ayuntamientos ceden suelo a buen precio", los privados levantarán 50.000 pisos protegidos al año. Por su parte el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, dijo que el pacto les compromete a todos a trabajar en la misma dirección: "Más vivienda social, la única que permite a gran parte de la población acceder a este derecho".

CiU y el PP no han participado en la firma porque discrepan de varios puntos de la ley de acceso a la vivienda, entre ellos el alquiler forzoso de pisos desocupados que forma parte del artículo 42 del proyecto de ley de acceso a la vivienda que aún se debate en el Parlament. Este artículo incluye varias medidas de fomento del alquiler de pisos vacíos. Solo en el caso de que fracasen y que el piso se halle en una zona de "una fuerte y acreditada demanda residencial", el artículo 42 dice que "la Administración competente podrá acordar el alquiler forzoso de la vivienda, previa declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad". En el expediente de declaración se tendrá que advertir al propietario "que la Administración, una vez transcurridos dos años desde su notificación, puede proceder a la expropiación del usufructo del piso para alquilarlo a terceros”.

Si se llega a la expropiación temporal se indemnizará al propietario por utilizar su derecho de uso, y además cobrará las rentas del arrendamiento. El plazo del alquiler forzoso no podrá superar los cinco años.

Para Fincas Corral la firma de este Pacto por la Vivienda por parte de 34 entidades e instituciones de Catalunya es una buena noticia porque se aborda con ambición y realismo el tema de la vivienda con la participación de todos los actores del sector.